La regulación de criptomonedas en México se sustenta en la Ley Fintech de 2018, que reconoce los activos virtuales y establece que el Banco de México debe autorizar su uso por parte de instituciones financieras. Sin embargo, en la práctica ninguna institución ha recibido esa autorización, y los exchanges y wallets operan en un área gris regulatoria como entidades no financieras. Las autoridades reconocen la necesidad de avanzar, pero el camino aún está por definirse.
A lo largo de este artículo encontrarás el marco legal vigente, los roles de cada institución reguladora, las obligaciones fiscales que ya aplican para quienes compran o venden criptomonedas, los vacíos que persisten y las perspectivas de cambio en los próximos años.
Qué establece la Ley Fintech sobre criptomonedas en México
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en 2018, fue el primer instrumento legal en México que abordó los activos virtuales. Estos son sus puntos clave.
Definición legal de activos virtuales
Según la Ley Fintech, un activo virtual es una representación de valor registrada de forma electrónica que puede usarse como medio de pago y transferirse por medios electrónicos. Esta definición abarca criptomonedas como Bitcoin o Ether, aunque no se limita a ellas.
Un punto central es que la ley no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal. Tanto Banxico como la Condusef han advertido de forma reiterada que estos activos no cuentan con respaldo de ninguna institución financiera y que su valor puede ser muy volátil. Usarlas como medio de pago depende del acuerdo entre las partes, no de una obligación legal.
Tipos de instituciones que regula la ley
La Ley Fintech regula dos tipos de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF):
- Las Instituciones de Financiamiento Colectivo, conocidas como plataformas de crowdfunding, que conectan a quienes buscan financiamiento con quienes desean invertir.
- Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, que operan wallets digitales para almacenar y transferir dinero.
Ambas podrían operar con activos virtuales, pero solo con aquellos que Banxico autorice de forma expresa. Hasta ahora, esa autorización no se ha materializado para ninguna institución que ofrezca servicios al público general.
Instituciones que regulan las criptomonedas en México y su rol
Tres autoridades principales participan en la regulación de criptomonedas en México, cada una con atribuciones distintas que, en conjunto, forman el marco institucional vigente.
- Banco de México (Banxico): Es la autoridad que tiene la facultad de autorizar qué activos virtuales pueden usar las ITF e instituciones de crédito. En 2019 emitió la Circular 4/2019, que estableció el mecanismo mediante el cual las instituciones pueden solicitar esa autorización para uso interno. Hasta la fecha, ninguna ha obtenido permiso para operar con criptoactivos frente al público.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Supervisa el funcionamiento de las ITF, verifica que cumplan con los requisitos de autorización y aplica sanciones ante incumplimientos. Su rol es de vigilancia sobre las entidades reguladas, no sobre los exchanges que operan fuera del perímetro financiero formal.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Coordina la política financiera del país y ha impulsado la discusión sobre la necesidad de reglamentar el sector cripto con mayor detalle. Desde esta secretaría se han emitido señales sobre la urgencia de definir si el camino es prohibir o regular con mayor precisión.
Estas tres instituciones participaron en la construcción de la Ley Fintech, pero la armonización de criterios entre ellas sigue siendo uno de los retos más relevantes para consolidar un marco regulatorio coherente.
Obligaciones fiscales para quienes operan con criptomonedas en México
Aunque no existe un régimen fiscal exclusivo para criptomonedas, las autoridades tributarias ya establecen obligaciones concretas para quienes compran, venden o intercambian activos virtuales.
Cómo trata el SAT a los criptoactivos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasifica el intercambio de activos virtuales como una actividad vulnerable bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esto significa que quien realiza estas operaciones tiene obligaciones de reporte ante las autoridades.
Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, la Prodecon ha señalado que los criptoactivos reciben un tratamiento fiscal similar al de la enajenación de bienes, con base en el artículo 126 de la Ley del ISR. En términos prácticos, la ganancia obtenida al vender o intercambiar criptomonedas puede estar sujeta a declaración y pago de impuestos. Para efectos contables, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) publicó en 2021 una definición que orienta cómo registrar estos activos en los estados financieros de las empresas.
Registro en el padrón de actividades vulnerables
Quienes facilitan el intercambio de activos virtuales —ya sea como personas físicas o como entidades— deben cumplir con obligaciones adicionales:
- Inscribirse en el padrón de actividades vulnerables a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (PPLDyFT).
- Presentar avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando las operaciones igualen o superen 645 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
- Mantener actualizados los datos de registro y conservar información sobre las operaciones realizadas.
Estas obligaciones aplican tanto a las personas usuarias que operan con cierta frecuencia como a las entidades que facilitan el intercambio. No cumplir con ellas puede derivar en sanciones administrativas. Ante cualquier duda, consultar con una persona especialista en materia fiscal es la opción más adecuada.
Lo que falta: vacíos en la regulación de criptomonedas en México
La brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica es uno de los aspectos menos discutidos, pero más relevantes, del ecosistema cripto en México.
En la realidad, ninguna institución financiera —ni banco ni fintech autorizada— ha recibido permiso de Banxico para ofrecer servicios con criptoactivos al público. Quienes operan en este espacio son exchanges y wallets que funcionan como entidades no financieras, fuera del perímetro de supervisión de la CNBV. Esto significa que sus usuarios no cuentan con las mismas protecciones que tendrían al operar con una institución regulada.
La Ley Fintech requería el desarrollo de reglamentación secundaria que definiera con mayor detalle cómo deben operar estas entidades, qué activos pueden usar y bajo qué condiciones. Esa reglamentación no se ha desarrollado por completo, lo que genera un área gris que afecta tanto a las empresas del sector como a las personas que usan sus servicios.
Desde el lado oficial, el entonces subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, planteó en su momento la disyuntiva de fondo: prohibir o regular. Esta declaración refleja que las propias autoridades reconocen que el marco actual es insuficiente y que la decisión sobre el rumbo aún no está tomada.
Un aspecto adicional es la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Las entidades que manejan activos virtuales deben aplicar políticas de conocimiento del cliente (KYC) y reportar operaciones sospechosas. Sin embargo, sin un marco de supervisión completo, la efectividad de estas medidas depende en gran parte del cumplimiento voluntario de cada entidad.
Perspectivas para la regulación cripto en México y su impacto
México fue pionero en regulación fintech en Latinoamérica con la Ley de 2018, pero otros países de la región han avanzado con marcos más específicos para criptomonedas. El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, Brasil aprobó una ley específica para activos virtuales y varios países de la región trabajan en regulaciones más detalladas. Esta presión regional podría empujar a las autoridades mexicanas a actualizar su legislación en los próximos años.
Para las personas usuarias y quienes forman parte del ecosistema digital emprendedor, la incertidumbre regulatoria tiene efectos concretos. Es posible que frene la inversión en proyectos cripto dentro del país y que genere desconfianza entre quienes consideran usar estos activos. Al mismo tiempo, un marco claro y bien diseñado podría proteger a las personas usuarias, fomentar la innovación responsable y atraer capital al sector fintech mexicano.
Mantenerse al tanto de los cambios regulatorios es clave para quienes operan con criptoactivos. Consultar de forma periódica las publicaciones oficiales de Banxico, la CNBV y el SAT permite tomar decisiones con mejor información y anticiparse a cambios que podrían afectar las operaciones o las obligaciones fiscales.
Preguntas frecuentes sobre la regulación de criptomonedas en México
¿Las criptomonedas son legales en México?
Las criptomonedas no son moneda de curso legal en México, pero tampoco están prohibidas. La Ley Fintech las reconoce como activos virtuales y permite su uso bajo ciertas condiciones. Tanto Banxico como la Condusef han advertido que no cuentan con respaldo de ninguna institución financiera, por lo que su uso implica riesgos que cada persona debe evaluar.
¿Qué pasa si no declaro mis criptomonedas ante el SAT?
El SAT clasifica el intercambio de criptomonedas como actividad vulnerable. No cumplir con las obligaciones de registro y aviso ante la UIF podría derivar en sanciones administrativas. Ante esta situación, lo más recomendable es consultar con una persona especialista en materia fiscal para entender las obligaciones que aplican según el perfil de cada caso.
¿Qué autoridad regula las criptomonedas en México?
No hay una sola autoridad. Banxico tiene la facultad de autorizar activos virtuales para uso por parte de instituciones financieras. La CNBV supervisa a las Instituciones de Tecnología Financiera. La SHCP coordina la política financiera. Y el SAT interviene en el aspecto tributario. Cada una actúa desde su ámbito de competencia.
¿Puedo comprar criptomonedas en México a través de un banco?
Hoy, ninguna institución financiera en México ha recibido autorización de Banxico para ofrecer servicios con criptoactivos al público. Las compras se realizan a través de exchanges y wallets que operan como entidades no financieras, fuera del sistema bancario tradicional.
Quienes exploran el ecosistema financiero digital en México tienen a su disposición diversas herramientas para gestionar su dinero. Por ejemplo, apps como Mercado Pago permiten realizar transferencias, pagos y otras operaciones digitales dentro del marco regulatorio vigente, lo que puede ser un punto de partida para quienes se acercan a las finanzas digitales por primera vez.
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